«Los tribunales tribales son sistemas judiciales establecidos y gestionados por tribus nativas americanas» [dentro de los territorios tribales reconocidos a nivel federal en los Estados Unidos]. Estos tribunales son independientes de los sistemas judiciales federal y estatal, y están diseñados para resolver asuntos jurídicos dentro de la jurisdicción de la tribu» (Wikipedia, 2024). Su objetivo es preservar la soberanía y la autodeterminación tribales, guiándose por las tradiciones de los nativos americanos.

Según la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hay 234 tribunales tribales en todo el país. Aproximadamente el 80 % de estos tribunales prestan servicio a comunidades con una población inferior a 10 000 habitantes. Además, aproximadamente el 40 % de estos tribunales prestan servicio a comunidades con una población inferior a 1 000 habitantes.

Ocho estados concentran el 85 % de estos tribunales. El número de tribunales tribales en cada uno de estos estados es el siguiente: Alaska (76), Oklahoma (36), Washington (25), Arizona (22), Nuevo México (22), Míchigan (15), Minnesota (13) y Nevada (12).

Las tribus que no cuentan con su propio sistema judicial tribal recurren al Tribunal de Delitos Indígenas, también conocido como Tribunales del Código de Regulaciones Federales (CFR). Estos tribunales del CFR atienden las necesidades de todos los demás grupos que están sujetos al sistema judicial tribal y están reconocidos en cinco regiones: Llanuras del Sur, Oeste, Miam/Este de Oklahoma, Suroeste y Albuquerque.

Existen cinco formas diferentes de organización judicial: tribunales tribales formales, tribunales indígenas o tradicionales, tribunales intertribales, tribunales de jurisdicción conjunta entre el Estado y las tribus, y consejos tribales que actúan como poder judicial. Aunque ahora se encargan de sus propias reservas, estos tribunales cuentan con el respaldo de un proceso de apelación algo deficiente, en el que casi el 90 % de los tribunales tribales cuentan con un fiscal o una fiscalía, pero solo aproximadamente el 60 % de estos tribunales cuentan con un defensor público tribal o una oficina de defensa. A estos retos se suman los problemas del sistema actual y de carácter demográfico, que incluyen: fuentes de ingresos tribales insuficientes, niveles críticos de abuso de sustancias y delitos violentos, la imposibilidad de los acusados de asistir a las vistas, tecnología obsoleta en las salas de audiencia y escasa disponibilidad de ancho de banda informático.

Departamento del Interior de EE. UU., Asuntos Indígenas. Sistemas judiciales tribales. https://www.bia.gov/CFRCourts/tribal-justice-support-directorat
Departamento de Justicia de EE. UU., Oficina de Programas Judiciales, Oficina de Estadísticas Judiciales 2014, https://bjs.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh236/files/media/document/tcus14st_0.pdf

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